En los últimos años, la digitalización de trámites y servicios en las administraciones públicas ha ocupado un lugar central en las agendas de modernización gubernamental. La promesa de una administración más eficiente, accesible y transparente ha impulsado a gobiernos de todo el mundo a embarcarse en ambiciosos proyectos de digitalización. Sin embargo, esta tendencia ha generado un debate crucial: ¿es la digitalización un fin en sí mismo o debe ser vista como un medio para alcanzar objetivos más amplios de mejora regulatoria y eficiencia administrativa?
Este debate adquiere importancia en México, dado que estamos a pocos días del inicio de una nueva administración federal, la cual ha indicado que la digitalización de trámites y servicios será uno de sus ejes fundamentales de política pública, un ámbito en el que México parece haberse quedado rezagado en comparación con los avances en otras partes del mundo.
La Digitalización como Fin
Para muchos responsables de políticas públicas, la digitalización ha sido concebida como un fin, una meta tangible que demuestra el avance y la modernización de la administración pública. La implementación de plataformas digitales, la automatización de procesos y la reducción del uso de papel son vistos como indicadores claros de progreso. En este enfoque, el éxito se mide a menudo por la cantidad de trámites y servicios que se han digitalizado, el número de usuarios que han migrado a plataformas en línea, y la rapidez con la que se pueden completar los procedimientos.
Este enfoque tiene méritos indiscutibles. La digitalización puede reducir significativamente los costos operativos, mejorar la accesibilidad a los servicios públicos, y facilitar la transparencia en la gestión gubernamental. Además, en un mundo cada vez más digital, donde la ciudadanía demanda servicios en línea rápidos y eficientes, no adoptar la digitalización podría dejar a la administración pública rezagada frente a las expectativas de la sociedad.
La Digitalización como Medio
Sin embargo, un análisis más profundo sugiere que la digitalización debería ser vista, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar metas más amplias en el ámbito de la mejora regulatoria y la eficiencia administrativa. Priorizar la digitalización sobre otras actividades esenciales, como el registro exhaustivo de trámites y servicios o la realización de análisis de impacto regulatorio, puede llevar a resultados subóptimos e incluso contraproducentes.
La digitalización sin un marco regulatorio sólido y sin un análisis previo de los procedimientos puede perpetuar ineficiencias o crear nuevas barreras. Por ejemplo, digitalizar un trámite sin antes simplificarlo o eliminar redundancias puede llevar a una mera digitalización de la burocracia, trasladando procesos complejos y engorrosos del papel a la pantalla sin aportar una verdadera mejora en la experiencia del usuario.
Además, la falta de un registro detallado de trámites y servicios puede dificultar la supervisión y evaluación de los procesos digitalizados, limitando la capacidad del gobierno para realizar ajustes y mejoras continuas. El análisis de impacto regulatorio, por su parte, es crucial para asegurar que las nuevas regulaciones y los procesos digitalizados no impongan cargas innecesarias a los ciudadanos y las empresas.
Un Enfoque Equilibrado
Para maximizar los beneficios de la digitalización, es esencial adoptarla como parte de un enfoque más amplio y equilibrado de la mejora regulatoria. Esto implica, en primer lugar, realizar un análisis exhaustivo de los trámites y servicios existentes, identificando oportunidades para simplificación, eliminación de redundancias y optimización. La digitalización debería ser la culminación de este proceso de mejora, garantizando que los procesos digitalizados sean eficientes, accesibles y centrados en el usuario.
La digitalización de trámites y servicios debe ir de la mano con una sólida gestión regulatoria. En primer lugar, es fundamental contar con un registro exhaustivo y actualizado de todos los trámites y servicios ofrecidos, tanto de manera presencial como digital. Este registro detallado permite monitorear continuamente los procesos y evaluar de manera integral la efectividad de la digitalización, identificando y corrigiendo problemas de manera oportuna.
Adicionalmente, los análisis de impacto regulatorio deben estar plenamente integrados en la estrategia de digitalización. Estos análisis aseguran que la implementación de nuevas tecnologías y plataformas digitales no genere obstáculos o complejidades innecesarias para los ciudadanos y empresas, sino que realmente simplifique y mejore sustancialmente su experiencia al interactuar con la administración pública.
Conclusión
La digitalización en las administraciones públicas no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar una gestión pública más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano. Al priorizar un enfoque equilibrado que integre la digitalización con la mejora regulatoria, el registro detallado de trámites y servicios, y el análisis de impacto regulatorio, los gobiernos pueden asegurar que sus iniciativas de modernización realmente cumplan con las expectativas de la sociedad y aporten un valor sostenible a largo plazo.
La clave del éxito radica en reconocer que la digitalización es solo una pieza del rompecabezas y que, para lograr una transformación efectiva, debe estar acompañada de un compromiso continuo con la mejora de los procesos, la regulación y la experiencia del usuario.
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