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El reto de implementar el AIR en los gobiernos estatal y municipal en México

El análisis de impacto regulatorio (AIR) es un proceso importante que ayuda a evaluar los efectos potenciales de una regulación antes de su implementación. Esto permite a las agencias gubernamentales tomar decisiones informadas y minimizar los efectos negativos no deseados sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente.


Un AIR puede ayudar a identificar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de una regulación propuesta. Por ejemplo, puede determinar el impacto en los costos de los productos y servicios, la creación de empleo y la competitividad de la industria, así como el impacto en la calidad del aire y del agua. Esta información es esencial para garantizar que las regulaciones sean efectivas y justas, y no causen daños a grupos vulnerables o a la economía en general.


Un AIR también puede ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso regulatorio. Al realizar un análisis exhaustivo de los efectos potenciales de una regulación, se puede asegurar que la regulación sea objetiva y basada en evidencias. Esto puede mejorar la confianza de la sociedad en las agencias gubernamentales y en el proceso regulatorio en general.


Pese a los beneficios de esta política pública, su implementación en estados y municipios de México ha significado todo un desafío. En la mayoría de los casos, debido a la falta de voluntad política, el desconocimiento de la herramienta y la falta de recursos. Lo que ha derivado en que, aunque el marco jurídico prevea su aplicación, ésta no se haya implementado.


Asimismo, por un lado, desde el propio marco jurídico se obliga a la implementación de un AIR muy robusto técnicamente o, por otro, se quiere copiar el modelo federal de AIR, que, para la mayoría de los municipios, e incluso estados, resulta imposible de llevar a cabo. Sobre esto:

“Es cómo querer correr un Lamborghini en una carretera de terracería”.

Para la implementación del AIR deberíamos hacernos, al menos, las siguientes preguntas:

  1. ¿A qué me obliga la normatividad?

  2. ¿Hay la voluntad política del más alto nivel para hacerlo?

  3. ¿Qué recursos tengo para hacerlo?

Para luego diseñar e implementar un AIR que sea funcional y que cumpla con los objetivos fundamentales de esta herramienta. Es decir, no es sacar cualquier cosa, simplemente por cumplir. Se puede implementar un cuestionario sencillo pero que, al menos, permita conocer con claridad:

  1. ¿Cuál es el problema de política pública que se busca resolver?

  2. ¿Cuáles son las alternativas posibles de solución?

  3. ¿Cuáles son los costos y beneficios de cada una?

  4. ¿Cuál es la mejor alternativa?

  5. ¿Si cuenta la administración pública con los recursos para su implementación y vigilancia/seguimiento?

  6. ¿Cuál es el resultado de la consulta pública?

Lo anterior, basado en la mayor cantidad de datos y evidencia posible.


El objetivo no debiera ser copiar el modelo federal de AIR sino es implementar un instrumento técnicamente valido y operativamente funcional, que ayude a la toma de decisiones y que no se convierta en un obstáculo por la administración pública.

En este sentido, pareciera que la mejor fórmula es implementar un modelo básico de AIR que vaya incrementando su nivel de complejidad en la medida en que sea factible.

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