La homologación de trámites como piso, no como techo: hacia una simplificación subnacional que no castigue a los más avanzados

Introducción: un piso común, no un techo común
La homologación de trámites que impulsa la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB) es una de las apuestas más ambiciosas de simplificación en la historia administrativa de México. Su éxito, sin embargo, dependerá de una decisión de diseño que todavía está a tiempo de tomarse: si el estándar nacional funcionará como un piso mínimo obligatorio o como un techo rígido al que todos deban ajustarse.
El contexto es conocido. La LNETB se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 y abrogó la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018 (Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos [LNETB], 2025). En agosto de 2026, durante el Primer Encuentro Nacional de Autoridades de Simplificación y Digitalización, las 32 entidades federativas suscribieron el Pacto Nacional para la Implementación de la LNETB (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones [ATDT], 2026b; Gobierno del Estado de Nuevo León, 2026). Entre sus compromisos destaca adoptar el Catálogo Único de Trámites como instrumento rector de la homologación (ATDT, 2026b).
Como especialista que ha acompañado procesos de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno y en contextos internacionales, sostengo una tesis sencilla: la homologación debe garantizar que ningún mexicano reciba un servicio peor que el estándar nacional, pero nunca impedir que reciba uno mejor. Lo que una entidad logre por encima del mínimo debe celebrarse, documentarse y, de ser posible, convertirse en el nuevo piso para todos.
Qué establece hoy el marco de homologación
El marco vigente contiene, al mismo tiempo, una puerta abierta y un candado. Ambas lecturas son posibles con el texto actual, y por eso conviene precisarlo ahora.
La LNETB define el Modelo Nacional de Homologación como un conjunto de herramientas de observancia obligatoria para simplificar, estandarizar y homologar trámites, requisitos, tiempos de resolución y procesos en los tres órdenes de gobierno (LNETB, 2025, art. 85). Los Lineamientos publicados el 2 de septiembre de 2026 desarrollan ese mandato (ATDT, 2026a).
La puerta abierta. El artículo 15 de los Lineamientos define los Estándares Nacionales como parámetros que establecen las condiciones mínimas para la homologación, simplificación y digitalización (ATDT, 2026a, art. 15). Esa redacción es, conceptualmente, un piso.
El candado. Otras disposiciones apuntan en sentido inverso:
• Los sujetos obligados deben garantizar que su personal únicamente solicite los trámites y requisitos del modelo, conforme a los tiempos de resolución establecidos (ATDT, 2026a, arts. 10, fr. III, y 18).
• Los Proyectos Estratégicos Nacionales exigen adoptar, juntos, el modelo de homologación y una Solución Tecnológica Nacional (ATDT, 2026a, art. 50).
• Solo la Autoridad Nacional puede actualizar o emitir nuevos modelos (ATDT, 2026a, arts. 28 y 29).
• Los plazos son cortos: 30 días hábiles para el Acuerdo de Adopción y 120 para implementar (ATDT, 2026a, arts. 25 y 26).
Limitar los requisitos a los del modelo es una excelente regla contra el exceso burocrático. El problema surge si esa misma regla se interpreta como prohibición de pedir menos, resolver más rápido o usar una plataforma propia mejor que la nacional. En ese caso, el estándar mínimo se convertiría, en la práctica, en un estándar único.
Las ventajas: por qué la homologación sí es necesaria
Seamos claros: México necesita un piso común. La dispersión regulatoria entre entidades es real, persistente y costosa para personas y empresas. Las mediciones subnacionales del Banco Mundial documentaron durante más de una década diferencias significativas entre entidades en apertura de empresas, permisos de construcción y registro de la propiedad (Grupo Banco Mundial, 2016).
Un estándar nacional bien diseñado aporta beneficios concretos:
1. Certeza jurídica y equidad territorial. Una persona no debería enfrentar requisitos radicalmente distintos según el estado donde nació o invierte. El piso común reduce esa "lotería territorial".
2. Freno al exceso de requisitos. Limitar lo que puede pedirse corta de raíz la discrecionalidad y los espacios de corrupción, objetivo explícito de la LNETB (LNETB, 2025, art. 3).
3. Economías de escala tecnológicas. El Repositorio Nacional de Tecnología Pública permite que una entidad con pocos recursos reutilice gratuitamente soluciones ya probadas por otras (ATDT, 2026a, arts. 30-35). Esto es particularmente valioso para municipios pequeños.
4. Interoperabilidad. Requisitos, datos y formatos comunes son la condición previa para que las administraciones intercambien información y dejen de pedir al ciudadano lo que el Estado ya tiene.
5. Comparabilidad y rendición de cuentas. Con trámites homologados es posible medir, comparar y publicar el desempeño de cada entidad sobre una misma base (ATDT, 2026a, arts. 68-75).
6. Arrastre de los rezagados. Para las entidades con menor capacidad institucional, el modelo nacional ofrece un punto de partida que por sí solas tardarían años en construir.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce este valor. Su Recomendación de 2012 pide promover la coherencia regulatoria entre órdenes de gobierno y fortalecer las capacidades de gestión regulatoria subnacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2012, principios 10 y 11).
Las desventajas: cuando el estándar se convierte en techo
Los riesgos de la homologación no están en su existencia, sino en su rigidez. Una homologación entendida como máximo puede producir los efectos contrarios a los que persigue.
1. Nivelación hacia abajo. Si una entidad resuelve un trámite en dos días y el modelo nacional fija diez, existe el riesgo de que sus servidores públicos se "relajen" hacia el estándar. Lo mismo ocurre si una entidad pide dos requisitos y el modelo prevé cuatro: homologar no debería significar añadir cargas que ya se habían eliminado.
2. Congelamiento de la innovación. Si solo la autoridad nacional puede actualizar los modelos (ATDT, 2026a, art. 28), las mejoras locales quedan en espera de un ciclo central. La OCDE advierte expresamente contra ignorar las prácticas regulatorias innovadoras surgidas en el nivel regional o local que podrían beneficiar a otros órdenes de gobierno (OCDE, 2014).
3. Sustitución de plataformas que ya funcionan. Los Proyectos Estratégicos Nacionales obligan a adoptar una Solución Tecnológica Nacional (ATDT, 2026a, art. 50). Para una entidad con una ventanilla digital madura, migrar puede implicar costos hundidos, pérdida de funcionalidades y riesgo operativo, sin beneficio para el usuario.
4. Concentración del riesgo. Una solución única para 32 entidades crea un punto único de falla técnico, de ciberseguridad y de proveedor.
5. Diseño ajeno al contexto. Un mismo procedimiento no opera igual en una zona metropolitana conectada que en un municipio rural con baja conectividad o con población indígena que requiere atención en su lengua.
6. Cumplimiento formal en lugar de resultados. Plazos de 30 días hábiles para adoptar y 120 para implementar (ATDT, 2026a, arts. 25 y 26) pueden incentivar la publicación de acuerdos sin cambios reales en la operación. Medir "adopción" no es lo mismo que medir horas ahorradas al ciudadano.
7. Fricción federalista. La experiencia española es ilustrativa: el Tribunal Constitucional anuló el principio de eficacia nacional de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado por invadir competencias autonómicas, aunque admitió la vía de estándares normativos comunes (Cidoncha Martín, 2018; Tribunal Constitucional de España, 2017). Un estándar mínimo es más defendible que uno uniforme.
El resultado neto de una homologación rígida sería paradójico: beneficiaría a los más rezagados, pero penalizaría a los más avanzados, y con ello reduciría el incentivo de todos a seguir innovando.
Lo que enseñan las mejores prácticas internacionales
La tendencia internacional es clara: los sistemas más exitosos combinan mínimos comunes obligatorios con flexibilidad para ir más allá y mecanismos para que las mejores prácticas se difundan. La armonización total es la excepción, no la regla. La propia OCDE ha documentado el desplazamiento desde la armonización completa hacia mecanismos más flexibles, como el reconocimiento mutuo, que preservan las facultades regulatorias de cada jurisdicción (Correia de Brito et al., 2016).
Experiencia | Mecanismo | Lección para México |
Unión Europea: Pasarela Digital Única | El Reglamento (UE) 2018/1724 fija requisitos comunes de acceso en línea, calidad y principio de "solo una vez"; cada Estado conserva y mejora su propio portal (Reglamento [UE] 2018/1724, 2018) | El estándar común define qué debe garantizarse, no cómo ni con qué plataforma |
Australia: reconocimiento mutuo automático | Desde el 1 de julio de 2021, un registro ocupacional de un estado vale en los demás sin homologar las reglas de origen (Department of Treasury and Finance Victoria, 2021; Productivity Commission, 2015) | Se puede eliminar la fricción entre jurisdicciones sin uniformar sus procesos |
OCDE: inversión pública multinivel | Recomienda coordinar mediante armonización y reconocimiento mutuo, y no ignorar las innovaciones locales (OCDE, 2014) | El modelo nacional debe tener un canal para absorber mejoras locales |
OCDE: descentralización | Promueve la gobernanza experimental y los arreglos asimétricos según capacidades (OCDE, 2019, lineamientos 7 y 8) | Exigencias diferenciadas según la madurez de cada entidad |
España: unidad de mercado | El principio de eficacia nacional fue anulado; se validó la vía de estándares comunes (Tribunal Constitucional de España, 2017) | Un mínimo común es jurídicamente más sólido que un máximo uniforme |
La tradición federalista lo resumió hace casi un siglo. En su célebre voto disidente, el juez Louis Brandeis describió a los estados como laboratorios capaces de ensayar experimentos sociales y económicos sin riesgo para el resto del país (New State Ice Co. v. Liebmann, 1932). Un buen sistema nacional no clausura esos laboratorios: aprovecha sus resultados.
El camino a seguir en México: piso de calidad, techo de carga
La fórmula que propongo cabe en una frase: el modelo nacional debe fijar el techo de la carga para el ciudadano y el piso de la calidad del servicio. Nadie puede pedir más requisitos ni tardar más que el estándar; cualquiera puede pedir menos y resolver antes.
Dimensión | Homologación como techo | Homologación como piso |
Requisitos | Exactamente los del modelo | Como máximo los del modelo; menos es válido |
Plazo de resolución | El fijado en el modelo | El modelo es el plazo máximo; resolver antes es deseable |
Plataforma tecnológica | Solución nacional obligatoria | Solución nacional o propia, interoperable y equivalente |
Innovación local | Rompe la homologación | Se registra, se evalúa y puede volverse estándar |
Medición | Grado de adopción | Resultados para el usuario |
Efecto en entidades avanzadas | Regresión o estancamiento | Incentivo a seguir mejorando |
El marco vigente permite avanzar en esta dirección sin reformar la ley. Propongo ocho acciones:
Para la Autoridad Nacional
1. Emitir un criterio interpretativo de "piso". La interpretación administrativa de los Lineamientos corresponde a la propia ATDT (ATDT, 2026a, art. 7). Bastaría precisar que los requisitos y plazos del modelo son máximos exigibles, en congruencia con las "condiciones mínimas" del artículo 15.
2. Incorporar una cláusula de no regresión. Ninguna entidad debería, con motivo de la homologación, aumentar requisitos, plazos o costos, ni sustituir un canal digital por uno presencial.
3. Aplicar la equivalencia funcional a las plataformas. Los Lineamientos ya reconocen este principio para la compartición de software (ATDT, 2026a, art. 47). Extenderlo permitiría conservar plataformas estatales maduras si cumplen estándares de interoperabilidad, seguridad y datos.
4. Crear un mecanismo de trinquete. Toda mejora local probada debe poder proponerse como actualización del modelo (ATDT, 2026a, art. 28) y reconocerse mediante las certificaciones previstas (ATDT, 2026a, art. 74). Así, el piso solo puede subir.
5. Medir resultados, no solo adopción. Los informes semestrales (ATDT, 2026a, art. 63) deberían reportar tiempo real de resolución, costo, porcentaje de trámites digitales completos y satisfacción.
Para las entidades federativas y municipios
6. Hacer un análisis de brecha trámite por trámite. Clasificar cada trámite del Catálogo en tres categorías: la entidad está por debajo, igual o por encima del modelo. Adoptar de inmediato donde esté por debajo.
7. Proteger expresamente lo ganado. En el Acuerdo de Adopción (ATDT, 2026a, art. 24) hacer constar las condiciones más favorables vigentes, con evidencia verificable, y solicitar su reconocimiento en las mesas técnicas (ATDT, 2026a, art. 65).
8. Compartir lo que funciona. Donar al Repositorio Nacional las soluciones propias que superen el estándar (ATDT, 2026a, arts. 35-40). La mejor defensa de una innovación local es convertirla en un bien público nacional.
Esta ruta también responde a la heterogeneidad del país. Siguiendo la recomendación de la OCDE (2019) sobre arreglos asimétricos, el calendario y el acompañamiento deberían diferenciarse según la madurez digital de cada entidad, sin bajar la exigencia para nadie.
Conclusión: homologar para subir, nunca para bajar
La LNETB y el Pacto Nacional ofrecen a México una oportunidad excepcional para cerrar brechas territoriales que llevan décadas abiertas. Desaprovecharla por rigidez sería un error costoso.
La homologación debe garantizar un mínimo digno para todos, pero no convertirse en un límite para quienes ya lo superaron. Si una entidad puede pedir menos, resolver antes o atender mejor, el sistema nacional debe celebrarlo, documentarlo y, cuando funcione, extenderlo al resto del país.
El éxito de esta política no se medirá por cuántos acuerdos de adopción se publiquen, sino por cuántas horas, viajes y costos se ahorren a las personas. Un piso que sube con los mejores es una política de Estado; un techo que iguala hacia abajo es solo burocracia uniforme.
Referencias
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. (2026a, 2 de septiembre). Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5797724
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. (2026b, septiembre). Aviso mediante el cual se informa la publicación del Catálogo de Modelos para la Homologación de Trámites y Servicios de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5799710
Cidoncha Martín, A. (2018). El Tribunal Constitucional y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Comentario a la STC 79/2017, de 22 de junio de 2017. Revista Española de Derecho Constitucional, (114), 301–336. https://doi.org/10.18042/cepc/redc114.10
Correia de Brito, A., Kauffmann, C., & Pelkmans, J. (2016). The contribution of mutual recognition to international regulatory co-operation (OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 2). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5jm56fqsfxmx-en
Department of Treasury and Finance Victoria. (2021). Automatic mutual recognition of occupational licensing. State Government of Victoria. https://dtf.vic.gov.au/all-news/automatic-mutual-recognition-occupational-licensing
Gobierno del Estado de Nuevo León. (2026, 20 de agosto). Firma Nuevo León Pacto Nacional para seguir eliminando trámites burocráticos e impulsar la digitalización [Comunicado de prensa CP/1166/2026]. https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/repositorio/Dependencias/Oficina%20Ejecutiva/Noticias/20260820_06_eliminar_tramites_burocraticos.docx
Grupo Banco Mundial. (2016, 20 de septiembre). Las entidades en donde es más fácil hacer negocios son Aguascalientes, Estado de México y Colima, señala la sexta edición de Doing Business en México [Comunicado de prensa]. https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Press-Releases/Subnational/DB16-Sub-Mexico-PR-Spanish.pdf
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. (2025). Diario Oficial de la Federación, 16 de julio de 2025 (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNETB.pdf
New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262 (1932).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2012). Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance (OECD/LEGAL/0390). https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/273/273.en.pdf
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2014). Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government: Principle 12, Strive for consistent, quality regulation [Effective Public Investment Toolkit]. https://search.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/principle-12.htm
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). Making decentralisation work: A handbook for policy-makers. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/making-decentralisation-work_g2g9faa7-en
Productivity Commission. (2015). Mutual recognition schemes: Draft report. Australian Government. https://assets.pc.gov.au/inquiries/completed/mutual-recognition-schemes/draft/mutual-recognition-draft.pdf
Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas. (2018). Diario Oficial de la Unión Europea, L 295, 1–38. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj
Tribunal Constitucional de España. (2017). Sentencia 79/2017, de 22 de junio (ECLI:ES:TC:2017:79). Boletín Oficial del Estado, (171). https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8464




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