Simplificación de Procesos Mercantiles en los Tribunales Estatales: Impulsando la Competitividad Económica Local en México

En ereform.mx, nos especializamos en aplicar las mejores prácticas globales para optimizar la administración pública y judicial, asegurando eficiencia, transparencia y accesibilidad. Recientemente, el 16 de julio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de habilitar modelos nacionales para la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y servicios, la homologación de procedimientos, y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en los tres órdenes de gobierno. Esta ley busca combatir la corrupción, reducir la carga burocrática para personas físicas y morales, y agilizar procesos mediante la eliminación de discrecionalidad y la implementación de plataformas digitales, sin transferir costos a los ciudadanos.

Para los poderes judiciales estatales, implica la obligación de designar instancias de coordinación, firmar convenios de colaboración con autoridades nacionales o estatales, y armonizar su normatividad local en un plazo de 180 días, priorizando la simplificación y digitalización de trámites, incluyendo aquellos de naturaleza mercantil como el registro público de la propiedad y la inversión pública y privada. Estas disposiciones refuerzan la relevancia del tema de este blog, al proporcionar un marco nacional que impulsa la eficiencia en los tribunales estatales, minimiza costos regulatorios y fomenta un entorno más competitivo para las actividades económicas locales. Exploraremos la relevancia de implementar programas de simplificación en los procesos mercantiles de los tribunales estatales mexicanos, con un enfoque en cómo estas reformas pueden elevar la competitividad económica local y atraer inversiones.

La Necesidad de Simplificar los Procesos Mercantiles en el Ámbito Estatal

Los procesos mercantiles, que incluyen la resolución de conflictos comerciales, la recuperación de deudas y el cumplimiento de contratos, representan un pilar fundamental para el dinamismo económico de cualquier entidad federativa. En México, el rezago en los tribunales estatales ha sido un obstáculo persistente, con tiempos de resolución que a menudo superan los estándares internacionales y generan costos elevados para las empresas. Según el Diagnóstico Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles 2022, elaborado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el promedio nacional de reducción en tiempos de resolución ha sido de 39 días hábiles desde 2018, gracias a reformas que promueven la oralidad y la simplificación. Esta evolución se basa en la reforma al Código de Comercio de 2011, que introdujo los juicios orales mercantiles (JOM), y su ampliación en 2020, eliminando límites de cuantía y estableciendo la vía oral como estándar para todos los procedimientos mercantiles.

En un contexto global donde países como Singapur y Nueva Zelanda han logrado resolver disputas comerciales en menos de 150 días mediante plataformas electrónicas integradas, México debe priorizar estas prácticas para fortalecer su posicionamiento en índices internacionales de competitividad y clima de negocios, como los reportes del Índice de Competitividad Global o el WJP Rule of Law Index.

Beneficios Económicos y Operativos de la Simplificación

Implementar programas de simplificación en procesos mercantiles genera beneficios multifacéticos. En primer lugar, reduce significativamente los tiempos y costos asociados a los litigios. Por ejemplo, el Diagnóstico Nacional JOM 2022 reporta que estados como Guanajuato han logrado una reducción del 46.53% en tiempos de resolución (equivalente a 28 días hábiles menos), mientras que Querétaro ha disminuido en un 35.27% (40 días hábiles menos). Estos avances se traducen en ahorros directos para las empresas locales, permitiendo una reinversión más rápida en actividades productivas y fomentando un entorno propicio para el emprendimiento.

En segundo lugar, la digitalización de trámites —como la presentación electrónica de demandas y la realización de audiencias virtuales— minimiza la congestión judicial y mejora la accesibilidad. Guanajuato, con 127 juzgados mercantiles (incluyendo mixtos), ha alcanzado una puntuación de 98 en la certificación JOM, destacando avances en sistemas tecnológicos (97% de cumplimiento) y estructuras organizacionales (97%). De manera similar, Querétaro, con 31 juzgados especializados, ha mejorado en un 55% su gestión de estadísticas judiciales y en un 44% sus actividades de capacitación, lo que ha optimizado la eficiencia operativa.

Estos ejemplos ilustran cómo la estandarización de formatos y la incorporación de mecanismos alternos de resolución no solo descongestionan los tribunales, sino que también protegen los derechos de las partes involucradas. A nivel económico, tales reformas atraen inversión extranjera directa, ya que las empresas priorizan jurisdicciones con sistemas judiciales predecibles y rápidos.

Mejores Prácticas para una Implementación Efectiva

Basados en nuestra experiencia, recomendamos un modelo de mejores prácticas adaptado al contexto mexicano:

1. Digitalización Integral: Adoptar plataformas electrónicas para la gestión de expedientes, notificaciones y audiencias, similar al Sistema de Justicia Digital implementado en algunos estados. Esto reduce errores humanos y acelera procesos en hasta un 50%.

2. Estandarización de Protocolos: Unificar formatos y procedimientos para eliminar redundancias, asegurando que los juicios orales se resuelvan en audiencias únicas cuando sea posible.

3. Capacitación Judicial: Invertir en formación continua para jueces y personal administrativo, enfocada en herramientas digitales y resolución alternativa de disputas. En Guanajuato, esto ha elevado la calificación en capacitación a niveles óptimos.

4. Mecanismos Alternos: Promover la conciliación obligatoria previa al litigio, reduciendo la carga judicial en un 30-40%, como se ha visto en reformas exitosas en Querétaro.

5. Evaluación Continua: Utilizar indicadores como los del Programa Nacional JOM para medir impacto, ajustando reformas en tiempo real.

   
   

Estos pasos, aplicados con rigor, garantizan una justicia mercantil más eficiente sin sacrificar principios constitucionales.

Conclusión: Hacia una Justicia Mercantil Ágil y Competitiva

La simplificación de procesos mercantiles en los tribunales estatales no es solo una reforma técnica; es una estrategia esencial para impulsar el crecimiento económico local en México. Estados como Guanajuato y Querétaro demuestran que, con compromiso y herramientas adecuadas, es posible lograr reducciones significativas en tiempos de resolución y elevar la confianza en el sistema judicial.

Invitamos a los funcionarios de los poderes judiciales estatales a explorar cómo nuestras soluciones personalizadas en simplificación y digitalización pueden transformar sus operaciones, alineándose con las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Para conocer más sobre nuestros servicios y cómo podemos apoyar a su entidad en la implementación de estas reformas, visite ereform.mx o contáctenos directamente, Juntos, podemos construir un sistema judicial más eficiente y competitivo. ¡Actúe ahora y lidere el cambio en su estado!

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